La persecución de la Procuraduría

El debate sobre el Matrimonio Igualitario ha estado durante los últimos días en la primera plana de los medios del país. En las redes sociales miles de usuarios se preguntan y nos preguntan sobre lo que está pasando y nos dejan saber su inconformidad y confusión. Una oleada de buenas y no tan buenas noticias circulan por la web. Realmente, ¿qué es lo que pasa?

Podríamos empezar con señalar de nuevo la persecución que la Procuraduría General de la Nación ha emprendido contra la población LGBTI. La insistencia del Procurador Ordoñez en negar a las parejas del mismo sexo el derecho al matrimonio ha llegado hasta el punto de que un juez diera la orden de “anular” el primer matrimonio celebrado en el país. La orden del Procurador deja ver una vez más que hará todo lo que esté a su alcance para promover su homofobia y discriminación contra las parejas del mismo sexo.

La situación es grave porque, como lo planteó la Silla Vacía en un artículo titulado ‘Ordóñez activa toda la maquinaria de la Procuraduría contra el matrimonio igualitario’, la entidad delegó todo un aparato para oponerse a ese derecho. Y lo explica así: “Ordóñez puso a funcionar toda la maquinaria que tiene bajo su control en la entidad para evitar que los jueces puedan garantizar la igualdad de derechos civiles a las parejas homosexuales. De esta manera, convierte esa lucha en prioridad en una entidad muy poderosa y que tiene otras funciones como vigilar disciplinariamente a todos los funcionarios públicos o proteger los derechos humanos”.

La Silla explica también que la maquinaria comienza desde la orden emitida por el Procurador con la Circular 013 de 2013. De esta manera Ordoñez, entre otras cosas, obliga a jueces y notarios a unir a las parejas del mismo sexo sin reconocerles su derecho al Matrimonio y exige a los procuradores regionales intervenir en todos los procesos de matrimonio e informarlo a él sobre cada uno de los casos. La orden para los procuradores judiciales es “interponer las acciones y los recursos judiciales disponibles, así como hacer las solicitudes a que haya lugar”.

En su artículo, La Silla Vacía denuncia que Ordoñez ordenó a más de 800 abogados de la entidad, “buscar los datos de todas las solicitudes de matrimonio de personas del mismo sexo” lo que le permite conocer información confidencial de todas las personas que soliciten ese derecho. 

Por su parte, el diario El Espectador se pregunta en el editorial publicado el 1º de octubre y titulado Un ataque sistemático: “¿Qué derecho fundamental está siendo vulnerado porque un juez o un notario casen a un par de gais o lesbianas? ¿Qué daño —ya hablando en términos menos leguleyos— le están haciendo a la sociedad que los rodea?”

No podemos entenderlo. ¿Cuántas cosas más tienen que pasar en el país para que la justicia deje de ser administrada por los intereses personales de algunos funcionarios?

Como respuesta a la última tutela interpuesta por el Procurador, los jueces le exigieron al procurador y a los funcionaros del Ministerio Público que respetaran su autonomía. En la declaración, la Juez María del Pilar Arango explicó públicamente que los jueces del país que están celebrando matrimonios están “cumpliendo con la labor al interpretar la sentencia C-577 de la Corte Constitucional”. 

Así mismo, cctivistas de la población LGBTI junto a la Concejal Angélica Lozano, exigieron respeto y  denunciaron ante la Fiscalía los abusos de autoridad de la Procuraduría General de la Nación. La Concejal declaró que la entidad “ha abusado del derecho, de la autoridad y ha cometido hostigamientos” y pidió que se indague sobre quién da la orden de entutelar a los jueces de la República que están casando a las parejas del mismo sexo.  

En el mismo artículo citado de El Espectador dice: “Mucho más allá de toda esta verborrea técnica, lo que tenemos aquí es una cruzada por no dejar avanzar ciertos derechos. Y ahí nos quedamos. ¿Hasta cuándo tendremos que estar obligados a informar sobre este tipo de noticias? ¿Cuándo podremos seguir adelante?”

Seguiremos adelante. No importa hasta dónde sea la barrera. La igualdad es un derecho que no tiene vuelta atrás.