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martes, 24 de noviembre de 2015

Voces ignoradas: La situación de personas con orientación sexual e identidad de género diversa en el conflicto armado colombiano

Hoy la Defensoría del Pueblo presentó el informe sobre la situación de personas con orientación sexual e identidad de género diversa en el conflicto armado colombiano. El documento fue elaborado por Magda Cárdenas y Carolina Tejada, asesoras de la Defensoría delegada para los derechos de las mujeres y los asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, con el apoyo solidario del Fondo de Justicia Transicional – PNUD.


Presentación
La discriminación hacia las personas en razón a la orientación sexual e identidad de género sigue siendo legitimada en diferentes espacios sociales y culturales, siendo esta una clara violación a los   derechos humanos y a las libertades fundamentales, limitando además el reconocimiento, goce y ejercicio de libertades y derechos fundamentales de las personas que deciden vivir sus vidas de manera diferente. 

El prejuicio como fuente de toda discriminación y exclusión, permea y se reproduce en el marco del conflicto armado y de susactores, quienes a través de mecanismos de control y acciones violentas en los territorios determinan para sus pobladores lo que se puede “ser y hacer”; esta situación se complejiza y exacerba al tratarse de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, las cuales son expuestas históricamente a múltiples violencias, muchas veces silenciadas por la invisibilización de sus voces. 

Teniendo en cuenta que el Estado colombiano tiene el deber de prevenir y garantizar el goce del derecho a la igualdad y no discriminación y tiene además, la obligación de adoptar acciones afirmativas para prevenir las manifestaciones de violencia y discriminación en razón a la orientación sexual o identidad de género, existe una deuda histórica del Estado Colombiano y de toda la sociedad frente al acumulado de violencias que han intentado subordinar y segregar a estas poblaciones, por ello, la Defensoría del Pueblo se compromete con la promoción y reivindicación de sus derechos y genera acciones para la protección igualitaria de los mismos.

Con la creación de la Delegada para los derechos de las mujeres y los asuntos de género, la Defensoría del Pueblo materializa estas acciones y reconoce que las orientaciones sexuales y las identidades de género son componentes esenciales para el respeto a la dignidad del ser humano. Como parte de esta tarea, presenta este primer análisis derivado de la investigación sobre las afectaciones diferenciales de estas poblaciones en el marco del conflicto armado colombiano.

En este sentido, “Voces Ignoradas: la situación de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el conflicto armado colombiano”, supone una apuesta por escuchar, reconocer y visibilizar las situaciones y consecuencias que experimentan estas poblaciones bajo la violencia que genera prejuicio y discriminación. Al igual, busca señalar las acciones institucionales pertinentes, señaladas por organizaciones y personas generadoras de este informe, fortaleciendo a su vez la participación y derechos como víctimas del conflicto armado.

Jorge Armando Otálora Gómez
Defensor del Pueblo

jueves, 5 de marzo de 2015

Personas LGBT víctimas del conflicto armado: subregistro e impunidad

Hay pocos casos registrados sobre violencia sexual contra personas lesbianas, gay, bisexuales, y personas trans (LGBT) en el conflicto armado colombiano. Según los datos oficiales se han reportando 27 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto desde 1985 hasta la actualidad.[1] Sin embargo, de acuerdo a la Unidad de Víctimas cuando se trata de personas LGBT “los delitos contra la integridad sexual tienen un peso relativo 40 veces mayor que el conjunto de víctimas en el país”[2]. De forma adicional, se debe tener en cuenta que los estereotipos por orientación sexual e identidad de género se transforman muchas veces en prácticas inhumanas de violencia y discriminación, y por supuesto, el conflicto armado colombiano no ha sido ajeno a dichas prácticas.

Según los datos oficiales, los hechos victimizantes por los cuales se han registrado mayor cantidad de personas LGBTI víctimas del conflicto armado han sido el desplazamiento (72.9 %) y las amenazas (13.85 %). Los delitos en contra de la libertad y la integridad sexual se ubican en cuarto lugar (2.07 %), después de los homicidios (6.3 %). Durante este mismo período, los delitos contra la libertad e integridad sexual aportaron el 1.13 % del total de víctimas a nivel nacional (6653 de 587987), por lo cual la incidencia sigue siendo mayor sobre las víctimas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.[3]



La población LGBTI fue y ha sido víctima de diferentes delitos por parte de los grupos armados involucrados en el conflicto. De acuerdo con lo registrado, la violencia que se ha ejercido en contra de personas LGBTI se ha dado en razón de su orientación sexual e identidad de género. Esto tomando como referencia los relatos y testimonios donde victimarios como por ejemplo el paramilitarismo, atacaron a la población LGBT con la justificación de ‘corrección’, y establecimiento de los roles por sexo dentro de la sociedad. 


Problemas para documentar la violencia sexual
El subregistro en la violencia en contra de personas LGBT en el marco del conflicto armado se atribuye principalmente a los siguientes problemas identificados: i) las falencias en la información sobre los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos por actores armados; ii) la problemas en las rutas de denuncia, atención y tramites de reparación; iii) el temor y la vergüenza de denunciar delitos relacionados con la sexualidad; iv) el poco apoyo en el entorno personal y familiar en temas de discriminación y sexualidad; v) la dificultad del contexto social y cultural en que se comenten los delitos; vi) las razones que exponen los actores armados para justificar hechos de violencia contra personas LGBT, los cuales muchas veces no son cuestionadas durante los procesos penales. Esto ocurre sobre todo en zonas donde priman normas conservadoras en materia de género y sexualidad.

En contextos en los cuales el prejuicio hacia las orientaciones sexuales o identidades o expresiones de género diversas es mayor, suelen ser mas difícil los niveles de violencia física hacia estas personas, así como el rechazo por parte de su entorno social, la ausencia de redes de apoyo y de procesos organizativos LGBT, la justificación social del accionar de grupos armados contra esta población, y por lo tanto aumenta el ocultamiento de su identidad.[4]




[1] RNI - Red Nacional de Información, actualizada a 01/02/2015. 
[2] UARIV, Subdirección Red Nacional de Información, “Víctimas del conflicto armado interno con orientaciones sexuales diversas”, Abril de 2014, p. 7.
[3] Con las cifras del Registro Único de Víctimas al 1 de marzo de 2014.

[4] Albarracín, M. y Rincón, J. “De las víctimas invisibles a las víctimas dignificadas: los retos del enfoque diferencial para la población lgbti en la Ley de Víctimas”. Revista de Derecho Público N. 31. Universidad de los Andes. Bogotá: Julio-Diciembre 2013.

jueves, 12 de febrero de 2015

Un fallo histórico reconoce la responsabilidad de paramilitares por crímenes contra personas LGBT en Puerto Bóyaca

La sentencia en el caso Botalón, y de otros paramilitares, reconoce a las víctimas LGBT 
del conflicto armado.

Esta sentencia reconoce que la violencia por prejuicio hacia la población LGBT
 es violencia de género.

Este es el primer fallo de Justicia y Paz que otorga a la población LGBT
 la condición de víctimas de los grupos armados.


En el caso de Botalón y otros paramilitares en Puerto Boyacá, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá publicó un fallo histórico que reconoce la responsabilidad de crímenes cometidos por paramilitares contra personas LGBT en el marco del conflicto armado.

Colombia Diversa participó en la audiencia sobre el caso de Botalón en el marco de Justicia y Paz y presentó un amicus currie. Gracias a esta intervención la Sala reconoció que:

a) La violencia basada en la orientación sexual o en la identidad de género es una forma de violencia de género.

b) Se debe distinguir cuando el móvil del delito es por violencia por prejuicio LGBT o por otras causas.

c) Debe existir un análisis del impacto del conflicto armado hacia personas LBGT.

d) Debe existir reparación con enfoque diferencial para la población LGBT.

La Sala de Justicia y Paz pide a la Fiscalia que:
  • Fortalezca los procesos de documentación e investigación de posibles crímenes cometidos en contra de población LGBTI.
  • Diseñe e implemente un registro nacional de víctimas del conflicto armado por violencia basada en la orientación sexual o identidad de género diversa.
  • Solicite a los despachos fiscales de Justicia Transicional incorporar el enfoque de violencia basada en la orientación sexual o identidad de género diversa para esclarecer el objeto de investigación.
  • Diseñe y ejecute con los despachos Fiscales de Justicia y Paz un protocolo para la atención y asesoría a víctimas LGBTI.
Con la sentencia del caso de Botalón y de otros paramilitares en Puerto Bóyaca, la Sala de Justicia y Paz crea un precedente para todas las víctimas LGBT de los grupos armados de Colombia.