Cambio
de sexo
La Corte
Constitucional, a través de la sentencia T-876/12 ordenó
a la EPS Comparta, realizar la cirugía de reasignación sexual a Julián Sneider
Clavijo, quien a su nacimiento fue asignado con sexo femenino, pero en el
transcurso de su vida transitó hacia la masculinidad.
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| Julian Sneider Clavijo. Tomado de: Kien y Ke.com |
Aunque no es la
primera vez que mediante sentencia judicial se ordena este procedimiento, si es
la primera que la Corte Constitucional se pronuncia e interviene ordenando la
cirugía y acompañamiento integral. Esta sentencia, es el resultado de una
acción de tutela iniciada por el Defensor del Pueblo de Cundinamarca y en la
cual se alegaba la violación a los derechos de identidad, dignidad humana,
libre desarrollo de la personalidad y salud de Julian.
Cambio
de sexo y registro de nacimiento
En un nuevo
apoyo a los derechos fundamentales de las personas trans la Corte
Constitucional mediante sentencia T-918/12,
ordenó a la EPS Aliansalud realizar la
cirugía de reasignación sexual y entregar los medicamentos que acompañan el
tránsito femenino que Loreta viene realizando desde hace varios años.
Así mismo, la
Corte ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil, cambiar el documento de
identidad de Loreta y su registro civil con el sexo femenino al cual ha
transitado.
Identidad
de género sobre manuales de convivencia
La Corte
Constitucional protegió el derecho al libre desarrollo de la personalidad de
una estudiante trans.
Debido a su sexo biológico masculino, sería obligada a
cortarse el cabello y a ser suspendida del colegio, hasta que no luciera la
apariencia que según el manual de convivencia de la institución, se contemplaba
para este rol de género.
Ante estos
hechos, la madre defendiendo la identidad de género de su hija, interpuso una
acción de tutela que fue seleccionada y revisada por la Corte Constitucional en
la sentencia T- 565/13. En el
fallo el Alto Tribunal ordena al Rector del colegio a no volver a imponer
acciones que limiten el libre expresión de la identidad de género de esta
estudiante y cualquier otra y modificar el manual de convivencia de acuerdo a
las normas constitucionales.
Parejas
del mismo sexo de funcionarios/as tienen derechos en ley de víctimas por
desaparición forzada
La Corte
Constitucional permitió incluir a las parejas del mismo sexo de funcionarios/as
con uniones maritales de hecho en la ley que reglamenta los
efectos civiles de las víctimas por
desaparición forzada. Se
busca proteger sus derechos patrimoniales que tienen los miembros de estas
familias, entre ellos, continuar recibiendo el salario del funcionario/a víctima de este hecho.
Fallo
del Consejo de Estado reconoce las familias diversas
En el mes de
julio el Consejo de Estado, reconoce que las parejas del mismo sexo son
familia. La sentencia afirma que el concepto de familia va más allá de lazos
biológicos, e incluye las expresiones de solidaridad, apoyo, cariño y amor.
Esta sentencia se une al reconocimiento realizado por la Corte Constitucional en
Sentencia C-577/2011, que reconoce como familias constitucionalmente protegidas
a las parejas del mismo sexo.
Este
pronunciamiento se dio a raíz del caso de
un recluso del INPEC quien falleció y su hija de crianza, no pudo
recibir los beneficios legales al no poder comprobar un vínculo filial.
Corte
niega solicitud del Procurador
La Corte
Constitucional de Colombia rechazó en 2013, la solicitud de nulidad interpuesta
por el Procurador Alejandro Ordoñez a la sentencia T-716
de 2011, relacionada con un caso de pensión de
sobreviviente. La Corte señala una vez
más, que las parejas del mismo sexo si conforman familia, y que por tanto es
procedente otorgar el derecho a la pensión solicitado por el demandante en el
caso.
La Corte rechaza
de la solicitud de nulidad de la Procuraduría menciona, entre otros argumentos,
que: “el reconocimiento de esa comunidad de vida permanente y singular como una
de las modalidades de familia está constitucionalmente reconocida y protegida”.
Víctimas
LGBTI del conflicto armado deben ser
reparadas
Organizaciones
nacionales e internacionales de Derechos Humanos han constatado casos de
violencia sexual cometidos durante el conflicto armado que incluyen también las
llamadas bandas criminales y que dan cuenta de la extrema vulneración que sufren grupos indígenas, afrodecendientes, mujeres,
defensores/as de derechos humanos y personas LGBTI.
La Unidad
para la atención y la reparación integral a las Víctimas, entidad encargada de
llevar los casos de violación de los derechos humanos en el conflicto armado
colombiano, ha venido desarrollando acciones para registrar casos contra
personas LGBTI en el marco del conflicto armado, así como construyendo herramientas para
garantizar una atención y reparación diferencial.
Notarios
dicen NO al matrimonio - pero Jueces y
Juezas dicen SI
De acuerdo con
la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-577 de 2011, si al 20 de junio, el Congreso no había regulado el
matrimonio para las parejas del mismo sexo, estas parejas podrían acercarse a
notarías o juzgados competentes a solicitar el reconocimiento de sus familias.
Antes de vencerse
el plazo dado por la Corte ya, el Colegio de Notarios de Colombia anunciaba su
negativa a celebrar matrimonios civiles y en su defecto “creaba” un contrato
denominado “Unión solmene”, inexistente en el régimen legal colombiano y a
todas luces, discriminatorio e inseguro jurídicamente para
las parejas del mismo sexo.
Pese a que tanto
notarios, como la Procuraduría se ha opuesto a los matrimonios civiles (vea
especial sobre actuaciones del Procurador en contra del Matrimonio Igualitario
en Colombia), a la fecha existen al menos 3 matrimonios civiles que tenga
conocimiento nuestra organización, que tienen todos sus efectos legales y están
debidamente registrado en la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Juzgado 48 Civil Municipal de Bogotá que unió en matrimonio civil a Julio Albeiro Cantor y William Alberto Castro el 20 de septiembre.
- Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá que unió en matrimonio civil a Adriana Elizabeth González y Sandra Rojas Robayo, el 4 de octubre.
- Juzgado Promiscuo Civil de Gachetá, que unió en matrimonio civil a Elizabeth Castillo y Claudia Zea el 18 de septiembre y otras pareja que reserva su nombre en el mes de noviembre.
Políticas
Públicas crecen en Colombia
El
Caribe colombiano comprometido con los derechos LGBT
50 jóvenes con
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, junto con la la Personería Distrital, la Policía
Metropolitana de Cartagena, la Escuela de Gobierno de Cartagena y el Instituto
de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) conformaron, en el mes de septiembre, la Comisión Distrital de Derechos Humanos de la Población LGBT,
espacio que permitirá la interacción directa con la administración de Cartagena
y la comunidad LGBT en la vulneración de derechos humanos de esta ciudad.
Así mismo, la
gobernación del Bolívar inició en octubre la construcción de la línea de base
de la situación de los derechos de las personas LGBT en el departamento, que
tiene como propósito proponer políticas públicas para esta población, formación
a servidoras/es en derechos LGBT y campañas de reconocimiento y garantía de
derechos.
Bogotá
continúa respetando la diversidad
Durante todo el
año la administración distrital ha continuado desarrollando la Política Pública
de Garantía Plena de Derechos de las Personas LGBT de la ciudad. Entre las
actividades a destacan:
· La apertura en la localidad de Teusaquillo, del Centro Integral para la Diversidad Sexual
y de Géneros, Sebastián Romero, con actividades de desarrollo comunitario
·
La celebración de la Semana de la
Diversidad Sexual y de Géneros con acciones culturales, académicas y de
visibilidad, en todas las localidades de Bogotá
· La Semana de la Diversidad en la Localidad de Chapinero, con acciones en colegios, universidades, parques y
eventos académicos con participación de funcionarios/as públicos del distrito y
del gobierno nacional y un evento internacional sobre “Matrimonio igualitario”
con congresistas de México, España y Colombia.
Construcción
de Política Pública en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Se espera que
con este ejercicio se den insumos a la administración local y a los y las
activistas en la formulación de políticas que aporten al reconocimiento de la
diversidad sexual y de género en esta zona del país.
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