De izquierda de derecha: Rodrigo Uprimny (Investigador de Dejusticia), Macarena
Saéz (Abogada chilena que llevó el primer caso sobre discriminación basada en orientación sexual a la Corte Interamericana de Derechos Humanos), Victor Madrigal (Experto Independiente de la ONU en violencias basadas en orientación sexual e identidad de género) y Marcela Sánchez Buitrago (Directora ejecutiva de Colombia Diversa).
Un grupo de 40 abogadas/os de la región, expertos en litigio LGBT, se dieron cita esta semana en la capital colombiana para consolidar esta alianza, que busca avanzar en materia de derechos y hacer frente a movimientos que buscan socavar los precedentes legales relacionados con diversidad sexual en la región.
Descriminalizar las relaciones entre personas LGBT, permitir las manifestaciones públicas de afecto entre parejas del mismo sexo, casarse, adoptar hijos, beneficiarse por leyes de identidad de género, eliminar la impunidad en casos de homicidios. Todas estas son conquistas en las que que el litigio estratégico ha salido victorioso en países como México, Argentina, Perú y Colombia. No obstante, estos avances corren peligro por iniciativas de movimientos fundamentalistas, que buscan retrocesos frente a estos logros.
El riesgo de perder un terreno ganado en materia de derechos motivó a 40 abogados de 13 países de la región, expertos en litigio estratégico y en derechos humanos, a crear la primera red de litigantes LGBT de América Latina y el Caribe.
Para Juan Felipe Rivera, abogado colombiano y miembro de esta red, la consolidación del grupo regional responde a los desafíos que trae el surgimiento de movimientos y discursos que ponen en riesgo la vida y los derechos de personas LGBT: “Ya existen experiencias exitosas y retrocesos en distintos países que nos permiten reflexionar, articularnos como litigantes y buscar la garantía de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en las Américas”.
El panorama de reconocimiento de derechos en la región es diverso. En países como Venezuela, Paraguay, Honduras y Bolivia hay poco o nulo reconocimiento de derechos de personas LGBT, y existen iniciativas gubernamentales que quieren negar o restringir el acceso real de esta población a sus derechos. Por ejemplo, en Paraguay se ha creado un frente en el Congreso que busca bloquear cualquier iniciativa legislativa que garantice los derechos de la población LGBT.
En Perú, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Brasil y México, en donde se ha llegado a un relativo reconocimiento legal, los derechos aún son limitados. A pesar de tener un escenario político en donde se permite el debate público sobre éstos, la discriminación es un hecho. Por ejemplo, recientemente Panamá limitó en su Constitución la definición de familia, y la describió como aquella conformada únicamente por hombre y mujer, desconociendo realidades de otros modelos de familia .
En países como Colombia, Argentina y Chile, pese a que existen derechos garantizados en el papel, la materialización de éstos no siempre es efectiva y se encuentran en constante riesgo de retroceso. En Colombia, por ejemplo, se da un escenario político en donde grupos fundamentalistas religiosos y políticos pretenden polarizar e impulsar medidas legislativas que van en contravía a lo logrado por organizaciones de derechos humanos LGBT.
A pesar de la notable diferencia en el panorama en materia legislativa y judicial en estos 13 países, todos tienen algo en común: buscan defender los avances jusrisprudenciales ya reconocidos y garantizar el reconocimiento de los derechos en los países que aún se encuentran rezagados. Es por esta razón que la Red de Litigantes LGBT buscará robustecerse con el fin de realizar acciones de incidencia ante instancias nacionales e internacionales, como el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos.
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