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lunes, 22 de febrero de 2016

Organizaciones trans pedimos al Consejo de Estado mantener decreto de corrección de sexo y respaldamos a MinJusticia y MinInterior

Las organizaciones que conforman la coalición el Aquelarre Trans* presentaron la semana pasada varias intervenciones ante el Consejo de Estado, que tiene en sus manos la decisión de anular o no el Decreto 1227 de 2015. Desde su expedición, este decreto ha permitido que más de 340 personas trans tengan documentos oficiales que reflejan el sexo con el que se identifican y no tengan que enfrentar tantas barreras administrativas y violencias institucionales.

Desde el 4 de junio de 2015 las personas trans tienen derecho a corregir el sexo en sus documentos de identidad con un simple trámite notarial y una declaración juramentada. Antes del decreto, debían hacer un engorroso trámite judicial que exigía que las personas demostraran que son transgénero a través de diagnósticos psiquiátricos, lo que profundizaba las prácticas discriminatorias contra ellas.

Las organizaciones del Aquelarre Trans presentaron argumentos jurídicos y enviaron varios testimonios audiovisuales contándole al Consejo de Estado por qué es importante que el Decreto 1227 siga vigente. Con la Campaña en las redes sociales #DecretoTransVigente están difundiendo los argumentos y testimonios para apoyar el decreto.

Isaac, un hombre trans, afirmó:

“Es muy importante tener el Decreto 1227. Esto cambió mi vida de forma positiva: ya no paso momentos incómodos cuando tengo que presentar un documento o hacer una fila, y es más fácil y llevadero todo. La verdad, me hace sentir muy bien, porque siento que el país me reconoce como lo que soy, además porque muchas veces cuando entregaba mi documento anterior no me creían y siempre me decían que ese no era mi papel. Ya con esto, no tengo ningún problema con mis documentos ni con nada, porque todo está muy bien. Esto es muy importante, porque hace de Colombia un país que reconoce a sus ciudadanos, por sus derechos y por lo que son, y genera un derecho a la identidad y que las personas estén bien con ellas mismas.”

La Corte Constitucional ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el derecho a la identidad de las personas trans. Por ejemplo, en la sentencia T-063 de 2015, la Corte dijo que las personas trans tienen el derecho fundamental a decidir su sexo, a través de su auto-identificación.

Llaman la atención los argumentos presentados por el Procurador en su demanda contra el Decreto. En el escrito afirma que el sexo está definido por la Real Academia de la Lengua como masculino y femenino y que si no fuera así, asuntos como los deportes o los baños públicos tendrían que cambiarse. Como lo dijo Camilo Losada, activista trans del Colectivo Hombres en Desorden, miembro del Aquelarre Trans, “para nosotros, esto no es una cuestión de diccionarios, de deportes o de baños. Es una cuestión de derechos humanos. Hace décadas que está claro que el sexo y el género son construcciones sociales y que todas las personas tenemos derecho a nuestra identidad sexual. Las personas trans enfrentamos discriminación y violencia todos los días, en nuestras casas, en las escuelas, en el transporte público, la policía nos golpea y nos mata impunemente y el Decreto fue una ganancia importante para que el Estado nos empiece a reconocer por quienes somos.”

En otro testimonio videográfico presentado al Consejo de Estado, Valerie Herrera, una mujer Trans que hace parte de Santamaría Fundación, miembro del Aquelarre Trans, afirmó:

“El Decreto 1227 de 2015 es un gran logro para el reconocimiento de derechos de las personas trans en Colombia, a que no sólo nos reconoce desde lo nominativo sino desde nuestras identidades, lo cual es vital para los procesos identitarios de las personas trans. Esto ha generado transformaciones a nivel institucional, incluso. Por ejemplo, en las notarías, los funcionarios ya tienen conocimiento para tratar mejor a la población, desde las identidades que las mismas expresan. Esto ha generado una transformación enorme. Por ejemplo, en Cali, cuando vamos a las notarías a hacer estos cambios, ya no recibimos el mismo trato que recibíamos antes cuando íbamos a cambiar el nombre, que a veces nos tratan como hombres: ya se reconoce políticamente nuestra identidad. Esto es un logro que nos facilita mucho más la vida a las personas trans.”

En días pasados la Procuraduría pidió que se suspendieran los efectos del Decreto mientras se decide la nulidad. Los Ministerios de Justicia y de Interior y varias organizaciones de la sociedad civil, que además de las del Aquelarre incluyen a Dejusticia, Colombia Diversa y PAIIS de la Universidad de los Andes, le pidieron al Consejo de Estado que deje vigente el decreto mientras toma una decisión final. Alejandro Lanz, director de PARCES ONG, afirmó:

“Dejar el decreto vigente no perjudica a nadie, no implica costos adicionales para el Estado, ni genera ningún daño inminente. Sin embargo, suspenderlo sí resulta en una gran incertidumbre para las personas trans que lo único que buscan es que sus documentos oficiales reflejen su sexo identitario. Tendrían que volver a los juzgados, lo que sí implica muchos costos adicionales, patologización y más barreras. Sabiendo que un caso en el Consejo de Estado puede durar más de 10 años, suspenderlo sería efectivamente matarlo”.

Las organizaciones del Aquelarre Trans hacen un llamado para que la sociedad civil apoye la vigencia del Decreto 1227.

*El Aquelarre Trans es una coalición de organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes que busca visibilizar y reivindicar las identidades trans como parte de una experiencia de vida válida y valiosa logrando el reconocimiento pleno de sus derechos. Hacen parte de la Coalición: Colombia Diversa, Fundación Procrear, Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), Hombres en Desorden, Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, Pares en Acción-Reacción contra la Exclusión Social (PARCES Ong), la Red Comunitaria Trans y Santamaría Fundación.

miércoles, 16 de septiembre de 2015

Cuestionable solicitud de nulidad contra Sentencia Sergio Urrego, por parte de la Procuraduría


La decisión de la Procuraduría de presentar un incidente de nulidad contra la Sentencia T-478 de 2015, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció las violaciones de los derechos fundamentales que sufrió Sergio Urrego Reyes y su familia, es otra manifestación de la constante persecución que emprendió la Procuraduría General de la Nación contra cualquier avance en el respeto por los derechos y la integridad de lesbianas, gay, bisexuales y personas transgeneristas en Colombia.

No es la primera vez que el Procurador presenta solicitud de nulidad en sentencias que protegen la diversidad sexual. En esta ocasión, Ordóñez está distorsionando la orden de la Corte al decir que “se está imponiendo la ideología de género para adoctrinar a nuestros hijos”.
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Ningun tipo de educación puede estar encima de los derechos humanos ni usarse como excusa para violentar a los estudiantes. No se puede educar sobre la homosexualidad, se educa en el respeto de todas las personas independiente de su orientación sexual, raza o sexo.

La pretensión de anular la sentencia T-478 de 2015 presentada por la Procuraduría está basada en un argumento erróneo que confunde la opinión pública y desconoce las leyes de la República, los decretos del Gobierno Nacional, y los pronunciamientos de la Corte Constitucional. La mencionada sentencia pudo constatar que el caso de Sergio Urrego no es un caso aislado. Identificó que el acoso escolar por orientación sexual e identidad de género es una situación generalizada a nivel nacional, que aflige la integridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

La decisión de la Procuraduría contraviene la jurisprudencia de la Corte Constitucional y desconoce los mandatos realizados por el Congreso de la República en materia de respeto a los derechos humanos de las personas LGBT y la adopción de medidas concretas cuando sus vidas e integridad se ven amenazadas en los contexto escolares. Nada contrario al respeto por la Constitución de Colombia y la legislación vigente.

La Ley 1620 de 2013 crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar donde se establecen rutas de atención para casos de acoso escolar, por orientación sexual, identidad de género, discriminación racial y de género, entre otros. Y se obliga a las instituciones educativas a reconocer y respetar la diversidad humana. Está comprobado que una educación que no respete los derechos de las personas puede terminar en dolorosos casos de discriminación y violencia.

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Mientras la Procuraduría interpone nulidades contra de los derechos de estudiantes lesbianas, gay, bisexuales y personas trans, la Corte Constitucional protege derechos de otro estudiante gay discriminado por directivas y docentes de una universidad en Medellín.

Semanas después de la Sentencia de Sergio Urrego, la Corte Constitucional falló a favor de Absalón Segundo Mosquera, un estudiante que fue víctima de actos de racismo y discriminación por orientación sexual e identidad de género por parte de las autoridades educativas de la Corporación Universitaria Remington.

La Corte constata que una vez más las instituciones usan procedimientos disciplinarios poco claros para encubrir actos de racismo y discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y demuestra que el problema del acoso escolar no proviene solo de los compañeros de clase.

El caso acompañado por Colombia Diversa reconoce la existencia de interseccionalidad en la discriminación por ser afrodescendiente y gay. Por tanto la Corte Constitucional pide al Ministerio de Educación ajustar los “Lineamientos de la Política de Educación Superior Inclusiva” y al Ministerio del Interior apoyar el cumplimiento de la Sentencia a través de las Direcciones de Indígenas, Rom y Minorías, y de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Una vez más la Corte Constitucional de Colombia protege los derechos fundamentales de personas gay, trans, lesbianas y bisexuales, y avanza en una educación integral basada en el respeto de la dignidad humana.

viernes, 20 de junio de 2014

Primer Aniversario de Matrimonio Igualitario




El plazo que la Corte Constitucional otorgó al Congreso para legislar sobre las parejas del mismo sexo se vencía el 20 de junio del 2013. De lo contrario las parejas podían acudir a notarios y jueces.

Varias parejas acudieron a jueces para celebrar sus matrimonios. Hoy unas están casadas, otras tiene contratos no tan claros. La Procuraduría General de la Nación y la Fundación Marido y Mujer intentó anular estos matrimonios por medio de acciones de tutela. Algunos de estos casos llegaron a la Corte Constitucional, quien debe revisarlos y es quién tendrá la última palabra.



El 20 de junio de 2014 nos reunimos en el Centro de Ciudadanía LGBTI - Sebastián Romero para celebrar nuestro primer aniversario de Matrimonio Igualitario junto a las parejas y sus familias.

Sentiido nos acompañó en el evento y retrató a los asistentes en este álbum fotográfico.