viernes, 31 de octubre de 2014

Manifestación de los/as participantes de la Consulta regional sobre violencia homofóbica y transfóbica en las instituciones educativas en América Latina y el Caribe

En la Ciudad de Bogotá, representantes de nueve países de América Latina y el Caribe , de los Ministerios de Educación, otras entidades gubernamentales, y organizaciones de la sociedad civil, hemos compartido y discutido experiencias, programas y estrategias en relación a las políticas públicas de la región que buscan eliminar la violencia existente hacia personas de la diversidad sexual (Lesbianas, Gay, Bisexuales, y Transexuales) en las instituciones educativas. Esta reunión forma parte de la iniciativa global Educación y Respeto para Todos de la Organización de las Naciones Unidas de Educación, Ciencias y Cultura (UNESCO).

Compartimos el anhelo de la región de construir una sociedad inclusiva y sin discriminación, y celebramos los avances legislativos y las políticas públicas vigentes. Sin embargo, identificamos que los Estados aún deben continuar el trabajo para la promoción, respeto y garantía el pleno derecho a la educación de esta comunidad. 

Con mucho respeto escuchamos el testimonio de la Sra. Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, joven homosexual colombiano que cometió suicidio por el constante acoso y discriminación que vivió en su institución educativa. Cabe mencionar que los y las jóvenes LGBT son cuatro veces más propensos a suicidarse que los jóvenes heterosexuales debido a la violencia que sufren en las instituciones educativas, situación que frecuentemente se refuerza por la falta de apoyo en sus familias.

La “Declaración sobre Bullying Homofóbico y Educación para Todos”, elaborada por los y las participantes en la Primera Consulta Técnica Global sobre el Bullying Homofóbico en el Ámbito Escolar , organizada por la UNESCO en Río de Janeiro en diciembre del 2011, apunta a escuelas más seguras, con información libre y confiable sobre sexualidad y políticas públicas contra la violencia en ese espacio. Se ha conseguido demostrar que la erradicación de la violencia en contra de la población LGBT en las instituciones educativas repercute en el cese de la violencia hacia otros grupos sujetos de discriminación. Las consecuencias de la violencia en contra de los estudiantes aumentan las tasas de deserción escolar, disminuye el rendimiento y perjudica su desarrollo como ciudadanas y ciudadanos plenos en nuestros países. 

Los y las integrantes de este encuentro manifiestan su compromiso por continuar con la defensa de los derechos humanos de esta comunidad y el derecho a la educación de calidad de todos los y las estudiantes, en el marco de los compromisos internacionales, con especial enfoque en una educación que elimine la violencia hacia las personas LGBT en las diversas instituciones educativas. Es de vital importancia que los Estados releven y refuercen sus políticas públicas, realicen y actualicen diagnósticos, desarrollen campañas de sensibilización, capaciten a docentes y equipos técnicos, incluyan contenidos curriculares adecuados, involucren a todas las comunidades educativas y establezcan redes de cooperación con las organizaciones sociales, entre otras.

Hoy existen las condiciones para que los Estados de Latinoamérica y el Caribe puedan tomar el liderazgo en terminar la violencia escolar contra las personas LGBT y en construir de un mundo más justo, igualitario y sin discriminación hacia quienes han sido históricamente considerados diferentes.


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[1] Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Mexico, Peru, y Uruguay.

[2] Cualquier forma de violencia (física, verbal, psicológica, institucional) ejercida en el ámbito educativo en contra de personas que son o se perciben como personas quienes no conforman con las normas prevalecientes de género.

jueves, 16 de octubre de 2014

Estudios científicos sobre adopción de parejas del mismo sexo

Con el fin de aportar al debate científico riguroso y técnico sobre la adopción de parejas del mismo sexo, COLOMBIA DIVERSA publica la revisión de la literatura científica sobre este asunto realizada por nuestra organización, el Ministerio de Salud, la American Sociological Association y el Williams Institute de la Universidad de California.

Análisis de la evidencia científica con respecto a adopción conjunta y consentida por parte de parejas del mismo sexo. Elaborado en julio de 2014 por el doctor Jaime Ardila Salcedo. MD, MPH, PhD(c). Asesor científico de Colombia Diversa, julio de 2014.

Concepto Científico del Ministerio de salud de Colombia sobre adopción por parte de parejas del mismo sexo, agosto de 2014

Concepto Científico de la American Sociological Association, julio de 2014.

Concepto Científico del Williams Institute, de la Universidad de California, julio de 2014.

El consenso científico sobre este asunto es amplio, como lo resume el doctor Jaime Ardila, asesor científico de Colombia Diversa:
"La evidencia científica ha hecho reportes sobre el seguimiento de hijos de parejas del mismo sexo desde hace más de veinte años, incluso de parejas homosexuales que criaron niños y niñas antes de que fuera legal la adopción en varias jurisdicciones. Este es el caso de la cohorte de niños y niñas del estudio de Golombok, que empezó a seguirse desde la década de 1970 en el Reino Unido. A estos estudios se suma evidencia de Estados Unidos y Canadá, conducidos con los más altos estándares de rigurosidad científica. Dichos estudios no reportan ninguna diferencia en el desarrollo psicosocial de niños y niñas criados por parejas homosexuales. 
Los desenlaces revisados por diferentes estudios incluyeron el desarrollo psicosexual, la relación con los padres, el desempeño escolar y la interacción con los pares, entre muchos otros. Ninguno de estos estudios ha mostrado que estos niños sean diferentes de los adoptados por hombres o mujeres solteras o por parejas heterosexuales. Sólo hay un estudio primario llevado a cabo por Mark Regnerus, que fue retractado por los innumerables sesgos y problemas metodológicos de diseño. Incluso la Corte de Michigan rechazó la inclusión de este estudio en el caso de adopción por parte de parejas del mismo sexo porque, como afirmó el juez Bernard Friedman en su sentencia, “el [análisis de Regnerus] está sesgado ya que pretendía estudiar una gran muestra al azar de los estadounidenses adultos jóvenes (edades 18-39 ) sin tener en cuenta los arreglos familiares", pero de hecho lo que hizo no fue estudiar esto en absoluto, porque Regnerus equiparó haber sido criado por una pareja del mismo sexo con haber vivido alguna vez con un padre que tuvo una "relación romántica con alguien del mismo sexo" durante cualquier periodo de tiempo.
Así las cosas, no existe en la literatura científica ninguna razón para pensar que los niños o niñas adoptados de forma conjunta o consentida por parejas homosexuales tengan desenlaces diferentes que los niños o niñas adoptados por hombres o mujeres solteros o por parejas heterosexuales".
También presentamos la lista completa de estudios citados en la revisión de la literatura realizada por COLOMBIA DIVERSA.

Anderssen N, Amlie C, Andre E. Outcomes for children with lesbian or gay parents. A review of studies from 1978 to 2000. Scandinavian Journal of Psychology, 2002, 43, 335-351.
(Clic aquí para ver el abstract)

Barrett H, Tasker F. Growing up with a gay parent: views of 101 gay fathers on their sons’ and daughters’ experiences. Educ Child Psychol. 2001;18:62–77.
(Clic aquí para ver el abstract)
Bigner JJ, Jacobsen RB. The value of children to gay and heterosexual fathers. J Homosex. 1989;18:163–172.
(Clic aquí para ver el abstract)
Bigner JJ, Jacobsen RB. Parenting behaviors of homosexual and heterosexual fathers. J Homosex. 1989;18:173–186.
(Clic aquí para ver el abstract)

Bigner JJ, Jacobsen RB. Adult responses to child behavior and attitudes toward fathering: gay and nongay fathers. J Homosex. 1992;23:99–112.
(Clic aquí para ver el abstract)

Brooks D, Goldberg S. Gay and lesbian adoptive and foster care placements: can they meet the needs of wanting children? Social Work. 2001 Vol 46 Number 2.
(Clic aquí para ver el abstract)
Golombok S, Spencer A, Rutter M. Children in lesbian and single parent households: psychosexual and psychiatric appraisal. J Child Psychol Psychiatry. 1983;24:551–572.
(Clic aquí para ver el abstract)

Green R, Mandel JB, Hotvedt ME, Gray J, Smith L. Lesbian mothers and their children: a comparison with solo parent heterosexual mothers and their children. Arch Sexual Behav. 1986;15: 167–184.
(Clic aquí para ver el abstract)

Hoeffer B. Children’s acquisition of sex-role behavior in lesbianmother families. Am J Orthopsychiatry. 1981;51:536–544.
(Clic aquí para ver el abstract)

Kirkpatrick M, Smith C, Roy R. Lesbian mothers and their children: a comparative survey. Am J Orthopsychiatry. 1981;51:545–551.
(Clic aquí para ver el abstract)

Tasker F, Golombok S. Growing Up in a Lesbian Family: Effects on Child Development. New York, NY: Guilford; 1997.
(Clic aquí para ver el abstract)

Tasker F. Lesbian Mothers, Gay Fathers, and Their Children: A Review. Developmental and Behavioral Pediatrics. 2005;26(3):224-240
(Clic aquí para ver el abstract)

viernes, 10 de octubre de 2014

Tracy Robinson, Presidenta de la CIDH concluye su visita a Colombia

Washington, D.C. – La Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, estuvo en Colombia, donde visitó las ciudades de Cali, Bogotá y Cartagena, del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014 en su calidad de Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y Relatora sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI). Este viaje a Colombia tenía dos objetivos principales. Uno era obtener información sobre los retos que enfrentan las mujeres en el acceso a información completa, accesible, confiable y oportuna manejada por el Estado en los campos de violencia y discriminación, a fin de incluir esta información en un informe regional que está preparando la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres. Se prestó especial atención a la situación de las mujeres afrodescendientes. El segundo objetivo principal era reunirse con organizaciones, defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI con objeto de recibir información acerca de los principales avances y desafíos con respecto a la situación de los derechos humanos de estas personas en Colombia. La información recibida en este contexto servirá de base para el informe regional que está preparando la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI sobre la situación de violencia que viven estas personas.

La delegación se reunió con Carlos Arturo Morales López, Viceministro de Asuntos Multilaterales, y Guillermo Rivera, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos. La delegación solicitó formalmente reuniones con autoridades estatales en Cali, Bogotá y Cartagena en relación con sus dos objetivos principales. La Presidenta y Relatora para los Derechos de las Mujeres y de las Personas LGBTI lamenta que el Estado no haya accedido. Se informó a la delegación que, debido a la transición en las autoridades estatales encargadas de derechos humanos, no sería posible llevar a cabo tales reuniones.

Una vez más, la delegación quedó sorprendida con las enormes diferencias en el ejercicio y el goce de los derechos humanos por las mujeres y las personas LGBTI en la capital, Bogotá, en comparación con el resto del país, donde la situación es mucho más precaria. Estas diferencias se tornan más evidentes al comparar la situación de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias dentro y fuera de Bogotá. Asimismo, durante las reuniones se informó a la delegación sobre casos concretos de discriminación contra mujeres y personas LGBTI que también son afrodescendientes, personas desplazadas internamente, niños, niñas y jóvenes, personas privadas de libertad, defensores y defensoras y personas con discapacidad.

En relación con los derechos de las mujeres, la delegación de la CIDH viajó a las ciudades de Cali, Bogotá y Cartagena, donde se reunió con más de 50 mujeres y organizaciones de la sociedad civil. La delegación de la CIDH organizó dos eventos en Cali, uno académico y el otro público, a fin de dar a conocer el precedente jurídico del sistema interamericano sobre los derechos de las mujeres y el acceso a información.

Durante las reuniones, la delegación de la Comisión Interamericana escuchó numerosos relatos de las barreras que enfrentan las mujeres en Colombia, en particular las mujeres afrodescendientes, para obtener información básica del Estado, que es necesaria para el ejercicio de sus derechos humanos. Observó la existencia de un marco jurídico y de política pública para abordar los problemas de violencia y discriminación. Sin embargo, informaron que existe una gran distancia entre este marco y su aplicación en el ámbito del acceso a información. Las víctimas, sus familiares y las organizaciones que las representan se enfrentan con grandes obstáculos para obtener información sobre cómo el sistema judicial está procesando los casos de violencia, el funcionamiento del proceso judicial en general y los métodos para valerse de las garantías básicas y los mecanismos de protección disponibles en las leyes.

Se informó también a la delegación acerca de los vacíos en los sistemas del Estado para recopilar estadísticas sobre el tema de la violencia contra las mujeres, la falta de coordinación interinstitucional con este fin en la estructura gubernamental y la necesidad de desglosar esas estadísticas por raza, etnicidad, edad, discapacidades y otros factores. Estas barreras son particularmente graves en el caso de las mujeres con discapacidades, con VIH y que viven en zonas rurales. La Relatora reitera que el acceso a información es fundamental para el ejercicio de todos los derechos humanos de las mujeres, entre ellos el derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación y el derecho a la verdad, justicia y reparación.

Alarmó sobremanera a la Relatora la información recibida que confirmó el efecto pernicioso del conflicto armado en la integridad, la vida y los territorios de las mujeres afrodescendientes. Estas mujeres todavía se ven afectadas por la discriminación y el racismo persistentes, suelen vivir en extrema pobreza y enfrentan barreras diariamente en el ejercicio de sus derechos a la educación, la salud y el empleo, entre otros. Constituyen un porcentaje elevado de las personas desplazadas en Colombia, problema que incide negativamente en sus derechos individuales y colectivos, infringe en su relación con la tierra, interfiere en sus tradiciones y su cultura y desintegra las formas tradicionales de organización social y familiar.

Mujeres afrodescendientes de todas las edades hablaron con la delegación de la CIDH, que relataron también actos de violencia física, psicológica y sexual perpetrados contra ellas durante el conflicto armado por diferentes actores, en particular el uso de la violación para silenciar el trabajo de las lideresas y defensoras de derechos humanos, agregando que la mayoría de estos actos quedan en la impunidad. La Relatora recuerda al Estado su obligación de tener en cuenta las múltiples formas de discriminación que enfrentan regularmente las mujeres afrodescendientes por razones de sexo, raza y condición de pobreza y de facilitar su participación en la elaboración de leyes e intervenciones relativas a sus derechos humanos. La Relatora quisiera asimismo subrayar la necesidad de actuar con la debida diligencia para abordar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las perpetradas por agentes estatales y no estatales, y de ofrecer reparación a las víctimas con una perspectiva de género.

Con respecto a la situación de los derechos de las personas LGBTI, la delegación se reunió con más de 60 personas LGBT, defensores, defensoras y activistas de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindio, Risalda, Sucre y Valle del Cauca, así como de la ciudad de Bogotá. Asimismo, el 2 de octubre de 2014, la Presidenta y Relatora Tracy Robinson participó en un panel público realizado en Cartagena sobre los derechos humanos de las personas LGBT, junto con representantes estatales de la Unidad de Víctimas y del Centro Nacional de la Memoria Histórica. Por último, la delegación ofreció un curso de medio día sobre el sistema interamericano de derechos humanos en Cartagena.

En lo que respeta a la situación de los derechos humanos de las personas LGBT en el contexto del conflicto armado, la delegación recibió información preocupante sobre el desplazamiento forzado de personas LGBT, particularmente en las zonas del país más afectadas por la presencia de grupos armados, incluidos relatos de actos perpetrados por paramilitares y grupos armados ilegales dirigidos específicamente a personas LGBT debido a su orientación sexual y a su identidad y expresiones de género. Causan especial preocupación a la Relatora las denuncias de amenazas contra personas LGBT, defensores y activistas efectuadas por estos grupos armados por medio de mensajes de texto y panfletos, entre otros. En conexión con ello, la Relatora está preocupada por las denuncias de que los mecanismos internos de protección no son eficaces para salvaguardar la vida y la integridad personal de líderes y lideresas comunitarias y activistas LGBT que no están comprendidos en la definición aceptada de “defensores” o “defensoras”.

Además, la delegación recibió información preocupante sobre actos de violencia perpetrados por grupos armados, como asesinatos, secuestros, golpizas, heridas de bala y otros ataques, en particular contra mujeres trans y hombres gay, y varios casos de violaciones “correctivas” de mujeres lesbianas con la finalidad de castigarlas por su orientación, a menudo perpetradas a propósito frente a sus parejas. En ese sentido, la Relatora desea recalcar que los Estados tienen la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos cometidas por terceras personas, entre ellos grupos armados ilegales, particularmente si el Estado conoce o debería conocer el riesgo y puede implementar medidas de protección.

Además, la Relatora manifiesta su preocupación por la falta de una política pública integral con respecto a los derechos de las personas LGBTI, así como la ausencia de una ley de identidad de género. La delegación recibió información sobre supuestos actos de la Procuraduría General orientados a socavar los derechos de las personas LGBT. La delegación recibió información preocupante sobre casos de abuso policial, como actos de violencia física, detenciones ilegales y arbitrarias e interferencia indebida en el derecho de las personas LGBT, particularmente las personas trans, a la libertad de circulación. Preocupa a la Relatora la información recibida acerca de la discriminación en el acceso a empleo, educación y a servicios de salud de las personas trans. Por último, la Relatora continúa preocupada por la información sobre la discriminación y el hostigamiento escolar (matoneo o bullying) con que se enfrentan niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes adultas en los sectores primario, secundario y terciario de la educación debido a su orientación sexual percibida o real o a su identidad de género. Asimismo, se informó a la delegación sobre la inclusión de la homosexualidad en los manuales escolares como motivo de expulsión y la supuesta falta de reglamentación estatal en este sentido. Aunque la Corte Constitucional de Colombia ha avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas sin distinción –incluyendo a través de la emisión de una sentencia que impide que se solicite la libreta militar, la cual es obligatoria para hombres, a mujeres trans cuando buscan acceder a un empleo– le preocupa a la Relatora la información recibida sobre la falta de una implementación efectiva de estas decisiones. La Relatora desea destacar que el Estado tiene la obligación de prevenir y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción por razones de orientación sexual e identidad de género.

En la intersección de los asuntos de raza, género y orientación sexual, la delegación escuchó el relato de una joven afrodescendiente quien, después de decirle a su padre que era lesbiana a los 11 años de edad, fue violada durante 14 años por los amigos de su padre, a raíz de lo cual tuvo cinco hijos. Afirma que no le dieron información sobre servicios de salud o el acceso a la justicia. Cuando logró escapar, fue violada varias veces por grupos armados ilegales, con frecuencia frente a sus parejas, para castigarla por su orientación sexual. En consecuencia, fue desplazada internamente varias veces. La Relatora desea recalcar que los Estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir e investigar estas serias violaciones de a los derechos humanos y garantizar que las mujeres tengan acceso a la justicia y a servicios de salud disponibles, lo cual es clave para el ejercicio de su derecho a vivir una vida libre de violencia sexual.
Con respecto al componente de la visita relacionado con los derechos de las mujeres, la Relatora agradece el apoyo proporcionado por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de Suecia (ASDI-SIDA), que hizo posible esta visita. Asimismo, la Relatora desea agradecer el apoyo del Colectivo de Mujeres del Proceso de Comunidades Negras, Kuagro Ri Changaina Ri PCN y la Corporación Sisma Mujer. En cuanto al componente de la visita relacionado con las personas LGBTI, la Relatora desea agradecer el apoyo de las organizaciones Corporación Caribe Afirmativo y Global Rights. La Relatora desea agradecer asimismo a la Unidad de Víctimas de Colombia por haber posibilitado la participación de numerosos activistas LGBT en una reunión con la delegación. La Relatora también agradece al Estado el apoyo logístico proporcionado durante el viaje. Por último, la Relatora desea agradecer a todas las personas que viajaron desde distintas regiones de Colombia y se reunieron con la delegación de la CIDH, para compartir sus historias casos y relatos del impacto del conflicto armado en sus vidas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

miércoles, 24 de septiembre de 2014

Tribunal de Cundinamarca reconoce que Sergio Urrego fue discriminado por el Colegio Gimnasio Castillo Campestre



Para el Tribunal, “es evidente que el móvil [de la rectora] más que protector es discriminatorio”

Tribunal exhorta al sector educativo a adecuar manuales de convivencia a las realidades sociales y lineamientos jurisprudenciales 


Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, y Colombia Diversa consideran que la sentencia es un paso importante, pero que las reparaciones son insuficientes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que Sergio Urrego fue discriminado por el Colegio Gimnasio Castillo Campestre y que se le violaron sus derechos a la dignidad, intimidad y honra familiar. Sin embargo, las órdenes judiciales del Tribunal fueron insuficientes para reparar los derechos de Sergio Urrego y su familia.

Con pruebas contundentes el Tribunal demostró que la rectora Azucena Castillo discriminó a Sergio por su orientación sexual. El Tribunal contradice la versión de la rectora según la cual la sanción contra Sergio “no se debió a la condición sexual del niño, sino a las manifestaciones amorosas en la institución educativa”. Según la sentencia: “esta afirmación no es acorde con la realidad ni con las pruebas allegadas”.

Por ejemplo, el Tribunal cita una carta donde la señora Castillo acusa a los padres de Sergio de no darle una orientación sexual adecuada, y habla despectivamente de la libertad de pensamiento y personalidad del estudiante. Además, la carta también acusa sin prueba alguna a los padres de permitir que Sergio consultara “todo tipo de material” perjudicial para su edad, lo que, en opinión de la rectora, terminó “desviando su orientación sexual declarándose bisexual públicamente”.

Concluye el Tribunal: “es evidente que el móvil [de la rectora] más que protector es discriminatorio”. Además, el Tribunal exhorta al sector educativo a adecuar sus manuales de convivencia a las realidades sociales y los lineamientos jurisprudenciales.

A pesar de estos importantes hallazgos, el Tribunal solamente tomó una orden que consiste en que el colegio no repita este tipo de actos.

En opinión de Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, y de Colombia Diversa, las órdenes judiciales fueron insuficientes porque (1) el Tribunal no emitió órdenes para modificar el Manual de Convivencia, pese a decir que era violatorio de la Constitución; (2) tampoco ordenó la realización de un acto público donde el colegio reconozca su responsabilidad y repare el buen nombre de Sergio y su familia, ni que se le otorgue a Sergio el grado simbólico y póstumo con presencia de sus familiares y amigos; y (3) no ordenó ningún cambio efectivo a la política pública para evitar que se siga discriminando a los estudiantes del país.

La Magistrada Sandra Ibarra Vélez, quien salvó su voto, y la magistrada Carmen Alicia Rengifo Sanguino, quien aclaró el suyo, estuvieron en desacuerdo con la decisión del magistrado ponente José María Armenta porque, según su criterio, el Tribunal debió dar órdenes adicionales para proteger el “patrimonio moral” de Alba Reyes y de su núcleo familiar. Para Rengifo, el estudiante fue tratado por el colegio como un ser “indeseable y simple” únicamente por no estar de acuerdo con su orientación sexual.

Por tanto, se apelará la decisión del Tribunal para obtener medidas judiciales materiales y simbólicas que sean más adecuadas y coherentes con la gravedad de la discriminación que sufrió Sergio y con los daños causados a su familia.

jueves, 18 de septiembre de 2014

Directivos del colegio Gimnasio Castillo Campestre fueron llamados a interrogatorio en la Fiscalía

La Fiscalía General de la General de la Nación reasignó a fiscales destacados del CTI la investigación por la muerte de Sergio David Urrego Reyes, estudiante del Colegio Gimnasio Castillo Campestre de Tenjo y quien el 4 de agosto de 2014 se suicidó, según relata en cartas dejadas a sus familiares, por la discriminación a su orientación sexual realizada por el colegio donde cursaba último año de bachillerato.

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, en rueda de prensa afirmó que la Fiscalía en desarrollo de este proceso citó a interrogatorio a la rectora, la psicóloga y un profesor de la institución educativa.

"Estamos investigando si se da o no la norma que sanciona actos discriminatorios, si se estructura o no por parte de las directivas del colegio la norma de inducción al suicidio y vamos a determinar si se da o no la norma de constreñimiento ilegal.

Estas personas se citaron a interrogatorio para que expliquen el contexto y las circunstancias anteriores y posteriores al suicidio del joven"

La Fiscalía ordenó además, inspecciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Secretaría de Educación Departamental de Cundinamarca y al Colegio.

El Fiscal General envió un mensaje a los directivos de todos los colegios del país, a los padres de familia y a los estudiantes. "La legislación penal colombiana sanciona como delito los actos de discriminación. Los colegios no pueden invadir la privacidad de los estudiantes pues hay un derecho fundamental: el libre desarrollo de la personalidad. Los directivos no pueden interferir en ámbitos absolutamente privados de un estudiante".

Montealegre Lynett en enfatizó que en los casos en los cuáles como consecuencia de un acto de discriminación se produzcan daños a la integridad de los estudiantes, las directivas de los colegios pueden responder por omisión y por las lesiones causadas a los mismos.

Esta investigación es apoyada por tres sicólogas forenses. La Fiscalía activó la línea celular 3506011064 para recibir información del caso de Sergio David Urrego Reyes, garantizando la reserva de la identidad de la fuente.

miércoles, 17 de septiembre de 2014

“Ni siquiera en la muerte somos iguales” Comunicado Público con ocasión del asesinato de Marcela

Las organizaciones que conforman la Coalición Aquelarre Trans: el Grupo de Apoyo Trans, Santamaría Fundación, el colectivo Entre-Tránsitos, la colectiva Transpopulares, Parces ONG, Fundación Procrear, la Red Comunitaria Trans, el Programa de Acción por la Igualdad e Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de Los Andes y Colombia Diversa:

Lamentamos profundamente el homicidio de Marcela, mujer trans, en la ciudad de Medellín el 15 de septiembre pasado.

Como organizaciones defensoras de derechos humanos de las personas trans, rechazamos esta nueva expresión de violencia, cargada de sevicia e inhumanidad absoluta.

Recordamos que de acuerdo a Colombia Diversa, en los últimos nueve años se han registrado más de 600 homicidios contra lesbianas, gays, bisexuales y trans. En la gran mayoría de estos casos las víctimas han sido mujeres trans, quienes son registradas de manera errónea por la Policía y el Instituto de Medicina Legal como “hombres vestidos de mujer”[1].

Expresamos nuestro rechazo y profunda molestia a los registros periodísticos que reproducen esta manera errada de presentar la información, violentando nuevamente la memoria e identidad de Marcela y de las demás mujeres tran en Colombia, reforzando estereotipos y falsas creencias entre la opinión pública.

Por estos motivos, exigimos al Estado colombiano:

Una pronta, eficiente y transparente investigación penal que permita identificar, enjuiciar y sancionar al o a los asesinos.

Que este mismo procedimiento sea llevado a cabo en todos y cada uno de los asesinatos y agresiones cometidas contra las mujeres trans.

Que las investigaciones y juicios se ajusten a parámetros de dignidad y respeto por la identidad de género[2] y esclarezcan si dichos delitos son motivados por el odio o la intención de discriminar.

Que se adopten de manera URGENTE las medidas preventivas y de reducción de riesgos y amenazas violentas contra las personas trans en Colombia.

Que se generen medidas de reparación integral hacia las personas trans, las cuales reconozcan el daño generado por la desprotección legal e institucional hacia nosotras por tantos años.

Que todas las entidades del Estado incorporen en sus mecanismos de información y registro las categorías de mujer trans, hombre trans e intersex y que todos los documentos y formularios oficiales hagan referencia a las personas trans con su nombre identitario y en el género correspondiente a la preferencia identitaria de las personas.

Que se documenten, de manera sistemática y comparable los casos de violencia cometida contra personas trans y se divulguen ampliamente a la sociedad.

Que todas las personas funcionarias del Estado reciban capacitación sobre prestación de servicios dignos e incluyentes a las personas trans[3].


PEDIMOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Que las directivas de redacción implementen parámetros de lenguaje incluyente para utilizar al referirse a personas trans, los cuales se ciñan al nombre y género identitarios de las personas trans a quienes se refieren.

Que las directivas promuevan la formación de su personal en temas relacionados con los derechos de las personas trans y el uso de lenguaje incluyente en sus reportajes.

Que visibilicen la situación real de las personas trans en toda su diversidad sin acudir a estereotipos nocivos que refuerzan las prácticas discriminatorias y transfóbicas en la sociedad.

Si nos identificamos como mujeres nos llamamos como mujeres y nos reconocemos como mujeres: SOMOS MUJERES. NO MÁS IRRESPETO NI VIOLENCIA HACIA NOSOTRAS.


[1] Colombia Diversa. “Cuando el Prejuicio Mata. Informe de derechos humanos de lesbianas, gay, bisexuales y personas trans en Colombia 2012”. Disponible en: http://www.colombia-diversa.org/2014/06/cuando-el-prejuicio-mata-informe-de.html


[2] De acuerdo con los Principios de Yogyakarta, escritos a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, “la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Disponible en: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.htm


[3] Sobre este aspecto ver: Universidad Nacional de Colombia. Grupo de trabajo en intervención psicológica y diversidad sexual “Proporcionando servicios respetuosos e inclusivos a personas trans”. Disponible en: http://issuu.com/gestiondeproyectos/docs/imprimir_cartilla_servicios_respetu


viernes, 12 de septiembre de 2014

Mamá de Sergio Urrego interpuso acción de tutela contra el Colegio Gimnasio Castillo Campestre, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la Fiscalía, la Comisaría de Familia de Engativá y el ICBF




Con el apoyo legal de Colombia Diversa se reclama la protección de los derechos y la memoria de Sergio Urrego, así como los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en caso de acoso escolar por la orientación sexual de su hijo.



Alba Reyes sostiene la foto de su hijo Sergio Urrego. / Gustavo Torrijos. El Espectador.




Con la asesoría legal de Colombia Diversa, Alba Reyes, mamá de Sergio Urrego, interpuso acción de tutela contra el Colegio Gimnasio Castillo Campestre, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la Fiscalía General de la Nación, la Comisaría Décima de Familia de Engativá y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La acción de tutela exige la protección de los derechos de Sergio y su Familia a la intimidad, buen nombre, la memoria, la no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, educación y a conocer la verdad, la justicia y la reparación por las acciones y omisiones de las entidades demandadas. La tutela se presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



Resumen de los argumentos de la acción de tutela

  1. Alba Lucía Reyes Arenas puede presentar la acción de tutela pues tiene derecho a la búsqueda de la verdad y a preservar la memoria y dignidad de su hijo Sergio Urrego.

  1. La acción de tutela es procedente pues la violación de los derechos de Sergio y su familia ha sido permanente y ha continuado después de su suicidio. Además:

    a. Es urgente que el colegio sea investigado por el daño ocasionado a Sergio como estudiante, y a los derechos de Alba como madre.

b. También es indispensable que el colegio erradique las prácticas de discriminación contra los estudiantes basado en su orientación sexual.

c. Es urgente e inmediata la necesidad de adoptar medidas por parte de la Secretaría de Educación para investigar y sancionar a los responsables en el presente caso.

d. Es urgente que la Fiscalía General de la Nación investigue el presunto “acoso sexual” y la muerte de Sergio como forma efectiva de reivindicar el buen nombre, la verdad y la memoria como parte del derecho a la justicia y a la reparación.

e. Los procesos ordinarios han sido lentos e ineficaces. De hecho, ninguna autoridad ha producido medidas después de dos meses de la denuncia de discriminación contra Sergio y un mes del suicidio
  1. La Corte Constitucional debería adoptar medidas urgentes para evitar que estos hechos se sigan presentando y se vuelvan a presentar contra niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional en el ámbito educativo por prejuicios por su orientación sexual.

  1. El Colegio, al interpretar el noviazgo de Sergio como un acoso y al iniciar un proceso disciplinario por un beso, realizó actos discriminatorios, desproporcionados e injustificados.

  1. Las acusaciones infundadas de acoso sexual contra Sergio Urrego son una violación al buen nombre, la verdad, la justicia y la memoria.

  1. La Secretaría Departamental de Educación y el Colegio, al no actuar para atender el matoneo escolar, permitieron la violación de derechos fundamentales.

  1. La Fiscalía General de la Nación, Comisaría Décima de Familia de Engativá II y el ICBF, en su torpe actuar al darle trámite a una demanda de acoso sexual, violaron el derecho a la verdad, justicia y reparación. Además incurrieron en actos discriminatorios sin considerar que la relación de Sergio y su pareja era consentida y protegida por la Constitución.

Por todo lo anterior, la tutela pidió lo siguiente:

1. Ordenar al colegio y a las autoridades departamentales y nacionales adoptar medidas para dignificar el buen nombre y la dignidad humana de Sergio Urrego.

2. Prevenir al colegio para que se abstenga de seguir difundiendo versiones de los hechos que lesionan el buen nombre y la memoria de Sergio y su familia.

3. Ordenar al colegio el grado simbólico y póstumo de Sergio con presencia de familiares y amigos.

4. Ordenar a la secretaría de educación de Cundinamarca adoptar medidas para intervenir, investigar y sancionar al Colegio, en especial para revisar el manual de convivencia y su respectiva aplicación.

5. Ordenar la reforma del Manual de Convivencia del colegio.

6. Ordenar a la Fiscalía investigar de forma imparcial, inmediata y prioritaria el presunto delito de actos discriminatorios contra Sergio (Art. 134 del Código Penal), y todos los presuntos delitos que se deriven de los hechos.

7. Requerir a la Comisaría décima de Familia de Engativá II para que se abstenga de emitir oficios fuera de sus competencias legales.

8. Ordenar al ICBF trabajar de forma coordinada con la Fiscalía y abstenerse de vulnerar el derecho la verdad y a la memoria de Sergio.  

9. Ordenar a la Fiscalía que se investigue conjuntamente el proceso que se le abrió a Sergio por presunto “acoso sexual”, en particular, el posible impacto que tuvo sobre Sergio para su vida, salud integral y dignidad humana.

10. Ordenar al Ministerio de Educación vincularse al proceso para el cumplimiento y la protección de los derechos constitucionales vulnerados, así como, para garantizar que otros colegios discriminen y acosen a sus estudiantes por su orientación sexual.

11. Ordenar al Ministerio de Educación a revisar la totalidad de los manuales de convivencia (aspectos procesales y sustanciales), con el fin de garantizar la inclusión y el respeto por la diversidad sexual y de género.  

12. Ordenar que el Ministerio de Educación expida un decreto con carácter urgente en donde obligue a todas las instituciones de carácter educativo a implementar políticas de inclusión y respeto por la diversidad sexual y de género.

13. Ordenar al Ministerio de Educación que revise y ajuste el decreto reglamentario de la ley 1620 de 2013, para que sea claro y evidente el mecanismo de acción urgente en caso de acoso escolar realizado por las directivas.

14. Vincular a la Defensoría del Pueblo para el cumplimiento y la protección de los derechos constitucionales vulnerados.

jueves, 11 de septiembre de 2014

Plantón en homenaje a Sergio Urrego



El 5 de Agosto de 2014 murió Sergio Urrego, un joven de 16 años que no resistió la persecución, discriminación, rechazo y homofobia por parte de las directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre, por mantener una relación amorosa con un compañero de su mismo sexo. Como acto político, se lanzó de la terraza del Centro Comercial Titán Plaza y falleció al día siguiente 





El día 12 de septiembre de 2014 a las 2pm   convocamos al #PlantónSergioUrrego frente del colegio Gimnasio Castillo Campestre, que será acompañado de actividades culturales y artísticas.

Estarán disponibles 7 buses para salir desde el Portal 80 (frente a la salida del centro comercial) hasta el Colegio Gimnasio Castillo Campestre a la 1:00 pm. Gratis.

Las personas que no puedan llegar a esa hora, pueden ir directamente al Colegio Gimnasio Castillo Campestre (Km. 8 Vía Siberia – Tenjo), dentro del Portal de la 80, hay un bus que va hacia Tenjo, ese los/as puede llevar hasta allá, se bajan en el Gato Dorado y al frente hay un camino, por ahí siguen y llegan al colegio. El acto inicia a las 2:00 pm.






Los estudiantes, padres, madres y profesores del colegio Gimnasio Castillo Campestre que deseen asistir al plantón están respaldados por la Defensoría del Pueblo, a pesar de las amenazas de las directivas del colegio. Manifestarse es un derecho constitucional fundamental.


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